- Federico de Montalvo expuso los argumentos del informe sobre la eutanasia, optando claramente por mejorar los cuidados paliativos en los últimos momentos de la vida
- Se mostró preocupado por que se reconozca como prestación, instalando una cultura de la muerte: “me genera preocupación la eutanasia, por la pendiente resbaladiza”
- “El derecho a la muerte no es una conquista” afirmó, temiendo que se abra una “puerta falsa a la eutanasia institucionalizada”
El Seminario Permanente de Estudio Jurídico (SPEJ UFV) celebró el pasado miércoles 25 de noviembre una nueva conferencia-coloquio de gran interés, en esta ocasión a cargo del jurista Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, que abordó el tema de “la eutanasia: consideraciones jurídicas y bioéticas”. Un tema de gran relevancia y actualidad, el de la eutanasia, que tuvo un ponente de muy alto nivel para abordarlo, y suscitó gran interés entre alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, así como de otras facultades. La conferencia tuvo asistentes presenciales en el Salón de Grados, además de poderse seguir online por streaming. Puedes volver a verla pinchando aquí
El profesor Federico de Montalvo detalló los argumentos principales del informe que acaba de aprobar recientemente el Comité de Bioética de España al respecto de la proposición de ley para la legalización de la eutanasia que se tramita en el Congreso. Este informe apuesta claramente por los cuidados paliativos y no por la consideración de la eutanasia como un derecho subjetivo. El presidente del Comité, Federico de Montalvo, afirmó durante su conferencia su preocupación por que se abra la puerta a la eutanasia institucionalizada, dentro de la ola que nos viene de promoción de la “cultura de la muerte”, y afirmó que no debería reivindicarse la eutanasia usando para ello el concepto de dignidad.
La opinión unánime del Comité de Bioética que preside el profesor de Montalvo, expresada en la nota de prensa que resume el informe, es que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendiendo el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo”. El Comité de Bioética también ha llamado la atención sobre los riesgos de la legalización de la eutanasia y la desvalorización de la vida: “Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”.
El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, expuso la necesidad de este informe del órgano que preside, al respecto de la eutanasia y de la legislación que se está tramitando. La ley de investigación biomédica es el marco legal donde se basa su obligación de emitir informes en todos los temas que tengan repercusión bioética. Se mostró sorprendido de que el Gobierno no haya solicitado su informe, y haya tramitado la legislación sobre la eutanasia como una proposición de ley y no un proyecto de ley impulsado por el gobierno, que sí hubiera requerido los informes preceptivos de los órganos consultivos. Federico de Montalvo se mostró disconforme con el hecho de que el gobierno actual y su grupo parlamentario no hayan solicitado ninguna comparecencia de expertos en el parlamento, puesto que se está mermando el necesario proceso deliberativo que debe haber en la tarea legisladora. Por ello cree especialmente importante que el informe del Comité de Bioética se haya logrado por unanimidad y quede a disposición de la opinión pública para enriquecer el debate.
El profesor de Montalvo expuso de inicio que la eutanasia, en España, en términos penales, está casi despenalizada de facto, y que esta proposición de ley era innecesaria, puesto que lo realmente necesario es “priorizar a las personas y su dignidad”, algo que las tesis utilitaristas no hacen. El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, expuso que el informe resalta que “falta implantar mejor los cuidados paliativos”, que se defendieron como alternativa a la eutanasia, aunque eso no resuelve todo el problema, porque en ocasiones piden la eutanasia pacientes crónicos, no sólo terminales. Montalvo quiso dejar claro que esta cuestión no era un tema urgente que necesitara ser legislado, porque “no tenemos colas de personas pidiendo la eutanasia”.
Una de las palabras que más quiso resaltar Federico de Montalvo fue la palabra “compasión”, un término muy usado por el papa Francisco. Cree Montalvo que la compasión y el acompañamiento son fundamentales en estas situaciones, que suelen ser casos muy comprometidos y difíciles. Este profesor considera que ética y derecho deben ir de la mano en el ámbito jurídico, aunque la virtud ética no sea siempre la virtud jurídica.
“Esta ley es innecesaria”
El presidente del Comité de Bioética de España dejó claro que esta ley es innecesaria. Si se quería hacer para evitar que vayan a la cárcel quienes en un momento concreto terminan con la vida de otro por una supuesta “compasión”, no sería necesario, puesto que en este momento, explicó el profesor de Montalvo, no están yendo a la cárcel los responsables de ese tipo de hechos. Y en cambio, esta ley va a abrir la espita de la práctica institucionalizada de la eutanasia. Afirma Montalvo: “Me genera mucha preocupación la eutanasia, por la pendiente resbaladiza que puede generar”, en referencia a una posible generalización o aplicación a supuestos cada vez más amplios.
Se plantea, en opinión de Montalvo, un cierto dilema: evitar la cultura de la muerte, sin condenar penalmente a cárcel a aquellos que han aplicado la eutanasia puntualmente movidos por la compasión (caso del marido de María José Carrasco, por ejemplo). El presidente del Comité de Bioética planteó dos vías posibles. Una primera vía sería la legal, y la segunda vía, la médica. En la legal, para evitar que ciertas conductas acabaran en penas de prisión, habría que rebajar el tipo penal, aunque la eutanasia ya es un tipo bastante rebajado. En nuestro país, quienes incurren en un auxilio al suicidio suelen tener penas de prisión de menos de dos años y no entran en la cárcel, aunque sí que tienen una cierta “pena de banquillo”. Sí que está penada la eutanasia si es reiterada, y se convierte en una conducta institucionalizada. La segunda vía, la médica, tiene que ver con la aplicación de los cuidados paliativos, que debe ser aún mayor, y que puede permitir resolver los casos de los enfermos terminales. El problema reside en aquellos enfermos crónicos no terminales, y especialmente, en quienes presentan un sufrimiento existencial refractario, que no remite con tratamientos ni reacciona a nada, y que mantiene a la persona en un intenso sufrimiento psíquico. En este caso, explicó el profesor de Montalvo, la propuesta del Comité de Bioética de España es protocolizar una sedación paliativa para mitigar el sufrimiento, que sería intermitente de inicio para ver si el tratamiento es efectivo, y que en último término, podría implicar la sedación terminal para evitar que la persona viva con un sufrimiento insoportable. El presidente del Comité de Bioética expuso que se trataba de una buena praxis médica, encaminada a evitar el dolor, y que lo contrario supondría un acto inhumano, dejando a la persona vivir con intenso dolor psíquico y desesperación. Sin duda, este fue uno de los puntos más complejos de su conferencia. Federico de Montalvo apostó claramente por la generalización y ampliación de los cuidados paliativos, y explicó que en Reino Unido la eutanasia no está regulada y no hay gran demanda social porque su sistema de salud hace una gran apuesta por los cuidados paliativos.
El presidente del Comité de Bioética dejó claro que la legislación que se está tramitando en el Congreso “puede abrir una puerta falsa a la eutanasia institucionalizada”. Cree que se ha enviado un mensaje erróneo a la sociedad con la retórica de la “conquista de derechos”, y advierte de lo complejo que es “convertir un deseo en derecho”, porque el derecho subjetivo genera expectativas, y además, compromete a otros”. Federico de Montalvo fue claro en explicar que “las libertades convertidas en conquista no lo son: la conquista del ‘derecho a la muerte’ no es una conquista”. Considera además firmemente que “es un error hablar de dignidad en la reivindicación de la eutanasia”, porque las personas son seres que, en su autonomía, también llevan implícita la interrelacionalidad. Si se invocara el concepto de dignidad para justificar la eutanasia, no sólo se tendría que poder hipotéticamente aplicar a los enfermos graves, sino a toda persona, porque todas las personas tienen dignidad.
Igualmente, el presidente del Comité de Bioética explicó que no se puede pedir el “derecho a la muerte” porque, entre otras cosas, no es un derecho ejercitable por uno mismo, requiere la implicación de otro, el que causa la muerte. Para Federico de Montalvo, las reivindicaciones de quienes han pedido la eutanasia, están más en la línea de reivindicar un derecho a la integridad, un derecho a no sufrir, que podría instrumentarse mediante los cuidados paliativos.
Federico de Montalvo también realizó algunas consideraciones desde el plano social y sanitario. Expuso que no hay que olvidar que el nuestro es un Estado social y democrático de Derecho, y que eso supone una dimensión comunitaria y prestacional. Expresó su preocupación por el hecho de que en un sistema público de salud donde hay problemas de sostenibilidad y de medios, se abra esta puerta a la eutanasia como derecho, porque puede ser un riesgo de “dar salida rápida a la muerte”. En Portugal, en su debate parlamentario sobre la legalización de la eutanasia, el líder del partido comunista votó en su contra, porque creía que iba a generar desigualdad y asimetrías, considerando que lo que sí era de verdad un derecho social con los cuidados paliativos.
El presidente del Comité de Bioética se planteó el riesgo que puede tener esta ley de regularización de la eutanasia entre los ancianos. ¿Podrán confiar en el sistema sanitario si saben que la eutanasia es una posibilidad? En opinión de Federico de Montalvo, esto puede generar desconfianza en los ancianos respecto al sistema sanitario. Las capas de edad más mayores de la población son las que menos respaldo dan a la eutanasia. Se pueden crear riesgos de aplicación de la eutanasia en los sectores más desfavorecidos, y que las personas con menores recursos se vean abocados a pedir la eutanasia por no ser una carga o un gasto para sus familias o para el sistema, y que esa conciencia se generalice. “Me preocupa el futuro: hay una ola, una idea de conquista de un supuesto “derecho a la muerte”, expresó Federico de Montalvo, que se mostró partidario de no cambiar nuestra legislación, que ha servido hasta el momento para evitar la eutanasia institucionalizada y la proliferación de la cultura de la muerte, sin imponer penas de cárcel a quienes han cometido alguno de estos actos. “No hay que dejarse llevar por modas en el tema de la eutanasia”, afirma Montalvo, a la par que se pregunta qué harán los partidos de la oposición cuando vuelvan a gobernar, porque cuando se instala una cultura concreta en la sociedad, es muy difícil de revertir.
Objeción de conciencia
Federico de Montalvo también abordó durante el coloquio la cuestión de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, vinculada a la eutanasia. Expresó que se trataba de un problema rico jurídicamente, pero advirtió de que aunque la ley no dijera nada al respecto, el Tribunal Constitucional ya dejó claro en la sentencia 53/1985 y en su doctrina posterior sobre el farmacéutico de Granada, que la posibilidad de la objeción de conciencia se deriva directamente de la Constitución, de su artículo 16, donde se recoge la libertad ideológica y religiosa, lo que podríamos denominar libertad de conciencia. Como expresó el presidente del Comité de Bioética, “cuando la objeción va vinculada a la vida, es directa. Cuando hay un imperativo conectado con la vida, la objeción deriva de la Constitución”. Sobre los registros de objetores, Federico de Montalvo planteó que no le parecen un sistema descabellado, porque es necesario poder organizar los servicios sanitarios, siempre que esos registros no supongan ningún perjuicio para los médicos: como ha dicho el TC, cualquier perjuicio causado por la administración sanitaria a estos médicos, si fuera derivado de esa inclusión en el registro de objetores, incurriría en una arbitrariedad y en una posible prevaricación. Introdujo un aspecto de interés Federico de Montalvo en el debate: la posibilidad de que tengan también reconocida la objeción de conciencia las instituciones y personas jurídicas, no sólo las personas físicas, una vía que se está explorando y admitiendo jurisprudencialmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, la Universidad de Navarra objetó frente a la ley del aborto y no ha incluido en sus grados sanitarios la enseñanza de las técnicas abortivas. A esto se suma la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en el caso Violeta Friedman, respecto del reconocimiento de un derecho a personas jurídicas, así como que el artículo 16 de la Constitución, respecto de la libertad religiosa, habla no sólo de personas físicas, sino también jurídicas (y respecto de la libertad ideológica, encontramos los partidos como forma de participación y expresión, una dimensión también colectiva). Sin duda, el art. 16 tiene una dimensión colectiva que podría justificar una objeción de conciencia de personas jurídicas.
El presidente del Comité de bioética de España, Federico de Montalvo, concluyó su conferencia-coloquio expresando su verdadera preocupación por el hecho de que “se reconozca la eutanasia como una prestación del sistema sanitario, lo que instala una cultura de la muerte”, porque “hace una llamada a que esa es una opción buena, de que esa es la opción virtuosa y no el luchar, o frente a los cuidados paliativos”. Reiteró que no es una conquista de un derecho, y se mostró contrariado ante el hecho de que “se instaura una idea de que el que quiere seguir viviendo es una carga, está gastando, especialmente con mayores y discapacitados”.
Participaron del coloquio tanto presencialmente como online, además de un grupo de alumnos de Derecho y Criminología, también de otras titulaciones. También participaron de la conferencia-coloquio, tanto presencial como online, los profesores María Lacalle, Sofía Borgia, Ester Pascual, Jesús Santos, Juan Palao, Lorena Velasco, Marta Asín, Begoña Rodríguez, María José Castañón, y Beatriz Vila, además del coordinador del seminario SPEJ, Álvaro de la Torre. El seminario retomará probablemente sus conferencias, con más ponentes y temas de interés, a la vuelta de Navidad, en el inicio del segundo cuatrimestre.
Sobre el Seminario Permanente de Estudio Jurídico (SPEJ)
El Seminario Permanente de Estudio Jurídico (SPEJ) es una iniciativa desarrollada en el Grado en Derecho, con la intención de que sea un foro jurídico de excelencia, y un complemento formativo para los alumnos de Derecho y dobles grados, abierto también a la asistencia y participación de profesores. Su formato de seminario, con ponentes de prestigio (tales como jueces, fiscales, abogados y académicos del mundo jurídico), permite a los alumnos escuchar de primera mano a expertos muy relevantes del mundo jurídico, y abordar problemas de actualidad jurídica, en un coloquio abierto con los ponentes. Previo a las conferencias, se distribuye a los alumnos un dossier de artículos de los conferenciantes para que estén documentados sobre las cuestiones a tratar. Es una iniciativa impulsada por el profesor Álvaro de la Torre Gil, con el respaldo de la Dirección del Grado en Derecho, y que pretende ser un espacio de reflexión y profundización jurídica.
