El informe ha tenido como finalidad identificar las medidas disponibles, los criterios de elegibilidad, el rol de los distintos actores implicados y los derechos procesales de las personas privadas de libertad en los países analizados.
El estudio ha buscado cubrir una laguna en el campo de la ejecución penal comparada, resaltando aquellas áreas donde se requiere mayor armonización a nivel europeo para proteger los derechos de las personas presas.
Una de las principales conclusiones ha sido la existencia de una paradoja. Mientras que el soft law del Consejo de Europa promueve la reinserción y la modificación de condenas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mostrado reticencias a establecer obligaciones vinculantes en esta materia.
Se ha observado una tendencia hacia la judicialización de estos mecanismos. Aquellas medidas que antes correspondían a las autoridades ejecutivas han pasado, total o parcialmente, al ámbito judicial, ya sea mediante intervención directa o a través de recursos.
El informe también ha evaluado el impacto de esta evolución legal sobre el acceso real de las personas privadas de libertad a los mecanismos de modificación de condena, en un contexto donde predomina el uso de instrumentos no vinculantes como el soft law.